 |
 |
Archivo de la categoría ‘Legal’
En la entrada de hoy vamos a hablar de otros dos aspectos muy importantes:
Los datos personales publicados por terceros en Internet.
Y los datos relativos a nuestra navegación y comportamiento en la red.
Los primeros pueden publicarse:
> A través de sitios web como redes sociales, portales de contactos, portales de video, blogs y foros
> A través de repertorios telefónicos online (número de teléfono, dirección postal…)
> A través de boletines y diarios oficiales de las distintas Administraciones Públicas
> A través de ediciones digitales de distintos medios de comunicación (periódicos, televisión, radio…)
Comencemos hablando de la LOPD desde el punto de vista del internauta. Y la primera gran consideración que todos deberíamos hacernos es que nuestra actividad en la red deja un rastro que puede identificarnos.
Además de los datos personales que facilitamos voluntariamente al registrarnos en servicios como redes sociales, suscribirnos en sitios web o efectuar compras on-line, también otras personas pueden publicar nuestros datos personales sin nuestro conocimiento ni autorización.
Dice un axioma jurídico que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento“. Y obviamente, es algo indiscutible. ¿O acaso alguien cree que por alegar que no conocíamos la existencia de una determinada ley podemos vulnerarla impunemente? ¡Por supuesto que no!
Es obligación de todos los ciudadanos conocer las leyes que regulan nuestra convivencia en común y, en definitiva, lo que podemos o no podemos hacer. Y las consecuencias que eso puede suponer para nosotros.
Sin embargo, existe una ley en España, y también en todos los países que forman parte de la Comunidad Europea, que los emprendedores se saltan a la torera de forma permanente, como si no fuera con ellos: la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, más conocida como LOPD.
Google no deja de sorprendernos. No solo es el buscador más eficaz y utilizado de Internet, sino que prácticamente cada semana nos ofrece un nuevo producto, servicio o funcionalidad, que para el caso es lo mismo, para ayudarnos en nuestras actividades como empresarios de Internet y, lógicamente, usuarios de Google.
Se me nota que soy un fanático de Google, ¿verdad? Pues sí, y no lo oculto. Porque me está demostrando día a día que se merece mi confianza.
Bueno, vamos al grano.
Dudo mucho que el grupo de humoristas ingleses Monty Python estuviesen pensando en mensajes de e-mails no solicitados cuando, hace ya unos cuantos años, rodaron un “gag”que tenía como protagonista una conocida marca de carne enlatada llamada: “SPAM“. El caso es que el personaje en cuestión no paraba de gritar la dichosa palabreja de forma que molestaba a todos los que estaban a su alrededor.
Algunos años después, alguien se acordó de esta “gag” para designar una práctica que acababa de nacer y que resultaba extraordinariamente molesta para todos los que la sufrían: el envío masivo de correo electrónico no solicitado, también llamado “correo basura”. Y desde entonces, también “spam“.
Un amable suscriptor, sabedor de mi amplia experiencia en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), gracias a haberme echado entre pecho y espalda más de un centenar de adaptaciones de empresas y sitios web a la citada LOPD me ha hecho una consulta lo suficientemente importante como para justificar responderle a través de mi Blog, dado que lo interesante de la cuestión la hace merecedora de una pública difusión.
La pregunta es la siguiente: ¿Puede considerarse legal que los diferentes órganos de la Administración del Estado se intercambien nuestros datos personales sin ningún control y, sobre todo, sin que nosotros lo sepamos ni tengamos que autorizarlo?
Todos lo sabíamos, pero nadie lo había dicho tan alto y tan claro. “Una tercera parte del tráfico de Internet en las empresas españolas no tiene un fin profesional, sino lúdico (juegos, música, pornografía, etc.)”. Y esto no lo digo yo, sino el estudio “Uso de Internet en la empresa” que ha realizado la empresa Optenet, especializada en el filtrado de accesos a la red.
Si pudiéramos evaluar el coste que representa que cuatro de cada diez empleados use el ordenador de la empresa durante la jornada laboral para temas personales durante un promedio de una hora diaria por trabajador, podríamos llegar a unas pérdidas de miles de millones de euros para las empresas españolas.
Que nos hayamos acostumbrado no quiere decir que sea bueno. Ni siquiera deseable. Pero la invasión de palabras anglosajonas que padece nuestro querido idioma en relación con el mundo empresarial, y más concretamente respecto a la tecnología, además de inevitable, a veces puede llegar a hacerse asfixiante. Y de eso solo nos damos cuenta cuando nos toca padecerlo.
Pase que llevemos nuestro coche al “parking” en lugar de al aparcamiento, o que hagamos un “training” en vez de un curso de formación. Incluso que en nuestra tarjeta de visita ponga “manager” en lugar de gerente o “CEO” en vez de Consejero Delegado. O que paguemos “royalties” en vez de comisiones por el uso de una patente, y que miremos en el “ranking” en lugar de la clasificación para ver cómo está posicionada nuestra empresa. Pero cuando eso debe conciliarse con otro mundo tan cerrado en su jerga propia como es el jurídico, la situación se hace insostenible.
Continúa el debate entre grandes actores de la red y los legisladores sobre si la dirección IP debe considerarse un dato de carácter personal o no. Así que vamos a intentar aclarar este asunto para nuestros lectores, habida cuenta de la importancia que tiene para nuestras actuaciones en la red, ya sea como propietarios de negocios virtuales o como simples usuarios.
La UE (Unión Europea) a través de su grupo de trabajo llamado “del artículo 29″ ha manifestado recientemente que el debate sigue abierto, y que ellos continúan con sus trabajos para proteger los derechos de los usuarios en relación con sus datos personales. Y en esta línea, el grupo de trabajo considera que la actividad de los motores de búsqueda cae de lleno dentro del campo de aplicación de la directiva europea 95-46, ya que están guardando las direcciones IP y los historiales de búsqueda de sus usuarios, siendo, por tanto, aplicable a su actividad las normas existentes para la protección de los datos personales, incluso en el caso de que los domicilios de los usuarios se encuentren fuera de los estados miembros de la UE.
Desde que el mundo es mundo, siempre han existido delincuentes y siempre los habrá. Pero, tranquilos, no es que me haya dado la vena filosófica, es que hoy quiero hablar de las consecuencias que para los negocios virtuales tienen los fraudes que se cometen utilizando fraudulentamente tarjetas de crédito o débito en Internet.
Que estas noticias le causan un gran perjuicio a la credibilidad de los negocios en Internet, es un hecho indudable. Siempre que salta alguna noticia de este tipo a los medios de comunicación aparecen los agoreros hablando de la inseguridad de la red, de que es mejor no comprar nada con tarjetas en Internet y demás tonterías.